La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas hizo la presentación en base a una investigación propia en la que, aseguran, se descubre «la trama de corrupción de funcionarios/empresarios para la deforestación en la provincia»
La organización denunciante advierte que la ley aprobada en abril por la Legislatura «redujo ilegalmente la protección de los bosques nativos». Crédito: (Foto: Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas)
La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) presentó ayer ante la justicia federal con sede en la provincia de Chaco una denuncia penal contra funcionarios públicos y empresarios como responsables de «actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos» , advirtiendo «la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses».
La denuncia penal –indicó la entidad- tiene como objetivo que «se investigue y desarticule a esta mafia del desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia». «Una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio, que deja exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) irán hacia su desaparición definitiva», alertaron.
Medida cautelar
A su vez, la asociación solicitó el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ley 4005-R del 30 de abril de 2024 , y cese inmediatamente «toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial».
«La reforma del OTBN representa un acto delictivo consumado y en curso, con un claro riesgo de agravamiento mientras esté vigente. La sobreexplotación forestal se viene llevando a cabo a tasas muchas veces mayor a la de repoblación de los bosques milenarios de El Impenetrable. Se calcula que, a este ritmo de extracción, habrá desaparecido en dos décadas», subrayaron.
Investigación
La investigación hecha por esta organización que lidera el abogado Enrique Viale desentraña lo que denominan «la mafia del desmonte en Chaco» y tiene como punto de partida la Ley de Protección de Bosques votada por la Legislatura a fines de abril, aunque desde allí va hacia atrás en el tiempo y en perspectiva.
La asociación recuerda que, a fines de abril «la Legislatura del Chaco votó una ley que permite el desmonte de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo», y advierte que esa normativa «está hecha a medida del agronegocio y las tanineras «. Asimismo, afirma que «ese cambio normativo fue impulsado por la ‘Puerta Giratoria’ : funcionarios/empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios».
Así, mencionan al actual «ministro de Producción del Chaco, Hernán Halavacs , máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Bosques», y lo señalan como «quien más recibió permisos de desmontes en los últimos 10 años», en su rol de «ingeniero agrónomo, para sus clientes, actuales beneficiarios de la nueva ley».
La entidad apunta también a «funcionarios/empresarios que traspasan los copernicanos cambios de gobierno de Chaco (funcionarios de Capitanich y ahora de Zdero)». Así, nombra a «Luciano Olivares, actual asesor del ministro Halavacs», y quien «en el anterior gobierno, era el subsecretario de Desarrollo Forestal y era quien le otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte».
Además, los abogados ambientalistas indican que «diputados de la provincia son, a su vez, poderosos empresarios forestales y del agronegocio», y son quienes «impulsaron y votaron la ley que los enriqueció personalmente».
La denuncia, que se presentó ante la Fiscalía Federal de Resistencia , apunta también a los «desvíos de fondos públicos, de origen nacional (Ley de Bosques) e internacionales (Fondo Verde para el Clima) para conservación». Y enumera delitos de gravedad como «trata de personas, semiesclavitud, trabajo infantil», indicando que «forman parte de la trama colonial que envuelve a Chaco y la retrotrae al Siglo XIX (recuerda a La Forestal)».
«Toda esta investigación ha sido detallada en una puntillosa denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas que se presentó el día de en la Justicia Federal con sede en Chaco», indicó la organización en un comunicado.
¿Qué delitos se imputan?
Entre los delitos cometidos se especifican en la denuncia «la defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilícita». E indican que todos están previstos en el Código Penal.
La asociación aseguró que documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. «Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta , desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados», afirmaron.
Además –indica el comunicado-, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público , tipificados en el artículo 292 del Código Penal. «Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales», explicaron.
También se registran casos de cohecho y tráfico de influencias , delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. «Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino», revelaron desde la asociación.
«Un plan para arrasar el bosque nativo y enriquecerse»
La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas cuestionó «el tratamiento exprés» dado por la Legislatura chaqueña a fines de abril a «una ley que redujo ilegalmente la protección de los bosques nativos y permite el avance de las topadoras sobre el monte, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros». Y afirmó que «dicha ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades».
En esa línea, la organización apuntó: «La ley votada en la madrugada del 30 de abril es la consecuencia del accionar coordinado de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, pero con un mismo objetivo, diseñaron un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse con el corrimiento de la frontera sojera o ganadera y, por otro lado, con la comercialización de la madera y subproductos, que son vendidos tanto en el mercado interno e internacional».
Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados.
Denunciados
La asociación reveló que, tras una investigación exhaustiva, se descubrió «la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos». De ahí que «se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses».
Los denunciados «están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de bosque nativo en Chaco», afirmaron, y dieron los siguientes nombres:
-Hernán Halavacs , actual ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. «Previo a ser funcionario público fue el ingeniero agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. Tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte», reveló la organización.
-Luciano Olivares , subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich, a quien sindican como «principal responsable del desmonte desde el año 2014». «Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público», señalaron.
–Atlanto Honcheruk , diputado provincial y apuntado como «empresario del transporte forestal, titular de la mayor empresa transportista de madera de la provincia».
–Miguel Ángel López , exdirector de Bosques de la Provincia. «Es propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS», reveló la asociación.
–Ana Victoria Hupaluk , empresaria maderera y carbonera. «En uno de sus campos encontraron a 76 personas haciendo trabajo esclavo, incluyendo niños. Es socia de Miguel Ángel López en el aprovechamiento de Tria S.A., a la cual el mismo López entregó parcelas. Tienen relaciones comerciales con Halavacs», afirmaron los denunciantes.
–Adolfo Eduardo Hupaluk , empresario maderero y carbonero de Los Frentones. «Es socio de Ana Victoria. Uno de sus campos fue quemado por completo después de haber sido denunciado en audiencia pública», denunciaron.
-Juan José Bergia , legislador de Nepar, su propio partido. «Maneja la reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares, malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU», aseguraron los denunciantes.
Las empresas denunciadas
Los denunciantes mencionan también algunas de las empresas «vinculadas a esta trama de corrupción público/privada «. Así, señalan que «el actual ministro Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades, que equivalen a casi 5500 hectáreas en las que el técnico les realizó planes de desmonte».
Otras empresas mencionadas son:
-Las Guindas S.A. es una empresa agropecuaria de Rosario que obtuvo permiso de desmonte por 1331 has. en el departamento Brown en 2018 , realizado por el entonces técnico Halavacs. Es propiedad de la familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).
-El Grupo Buratovich Hnos es una gran empresa agropecuaria de Buenos Aires, propiedad de la familia Buratovic. De enorme peso económico, la familia posee intensos vínculos con políticos nacionales y chaqueños.
-Ana Victoria Hupaluk es una empresaria forestal de Los Frentones dedicada a la extracción de madera y compraventa de tierras en el departamento Brown. Es socia de La Nueva Pirámide S.A., empresa que es dueña de la Estancia La Nueva Pirámide y comparte socios con Indunor S.A., una de las dos principales tanineras del Chaco que extraen quebrachos de los departamentos Brown y Güemes.
–TRIAD S.A.: en el Chaco tiene domicilio fiscal en el estudio del ingeniero Kalbermatter, socio de Miguel Á. López en Charata . Esta sociedad de Buenos Aires pertenece a Santiago Bausili (actual presidente del Banco Central).
Tanineras transnacionales
La denuncia penal también pone sobre la lupa las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino , subproducto de los quebrachos desmontados y sus promiscuos vínculos con funcionarios y ex funcionarios.
El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. Previous
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Se trata de una «actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo), que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte», indicaron, y apuntaron al «monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja)». Mencionaron así a la «la megaempresa Indunor S.A., del grupo italiano Silvateam, y a Unitan , también de capitales transnacionales». Son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia», alertaron.
FUENTE: NORTE
