Una abrumadora mayoría tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144) rechazó el veto de Lula.
El Congreso de Brasil revocó este jueves el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la ley de reducción de penas para los implicados por el intento de golpe del 8 de enero de 2023, lo que podría beneficiar al exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.
Una abrumadora mayoría tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144) rechazó el veto de Lula a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado con el respaldo de la ultraderecha y parte del centro.
Para que se anulara el veto, se necesitaban al menos 257 votos en la Cámara de Diputados y 41 en el Senado.
La iniciativa aprobada podría beneficiar al menos a 190 condenados por actos antidemocráticos, entre ellos Bolsonaro, según la última evaluación del magistrado del Tribunal Supremo Federal (TSF), Alexandre de Moraes, reportó Globo.com y supo la Agencia Noticias Argentinas.
El texto será enviado al Ejecutivo brasileño para su promulgación. El presidente Lula tendrá hasta 48 horas para promulgar la ley.
Si esto no ocurre, la tarea recaerá en el presidente del Senado y, posteriormente, en el vicepresidente de la Cámara de Representantes. Tras su promulgación y publicación oficial, la nueva norma entrará en vigor.
Motivo del veto
Lula da Silva vetó el llamado “Proyecto de Ley de Dosimetría” porque consideraba que la propuesta es inconstitucional y viola el interés público al reducir las penas por delitos contra la democracia, recordó Agencia Brasil.
“(El proyecto de ley) aumentaría la incidencia de delitos contra el orden democrático e indicaría un retroceso en el proceso histórico de redemocratización que dio origen a la Nueva República”, justificó el Palacio Presidencial.
El proyecto de ley de sentencias estipula que los delitos de intento de acabar con el Estado de derecho democrático y golpe de Estado, cuando se cometan en el mismo contexto, darán lugar a la aplicación de la pena más severa en lugar de la suma de ambas penas.
El proyecto se centra en un cambio en el cálculo de las penas, calibrando las penas mínimas y máximas para cada tipo de delito, así como el método general de cálculo de las penas.
Se espera que estos cambios beneficien a los condenados el 8 de enero, como el expresidente Jair Bolsonaro, así como a figuras militares como Almir Garnier, excomandante de la Marina; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil; y Augusto Heleno, exdirector de la Oficina General de Seguridad (GSI).
Bolsonaro lleva poco más de un mes bajo arresto domiciliario por problemas de salud, pero, en teoría, sigue en prisión tras ser condenado a 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado.
En el caso de Bolsonaro, expertos señalan que, bajo la legislación anterior, podría acceder al régimen semiabierto en 2033, mientras que con la nueva norma ese plazo podría adelantarse a un período de entre dos y cuatro años.
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