Es para recuperar casi $685 mil millones por perjuicio al Estado.
La causa Vialidad, uno de los expedientes judiciales más relevantes de las últimas décadas en la Argentina, ingresó en una etapa decisiva con la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y otros condenados.
El objetivo es concreto y de enorme magnitud: recuperar $684.990.350.139,86, monto que la Justicia fijó como perjuicio económico causado al Estado por el esquema de irregularidades probado en el reparto de la obra pública en Santa Cruz.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, luego de que la condena quedara firme tras la confirmación de la Cámara de Casación Penal, y refleja un giro significativo en la lógica judicial: pasar del plano declarativo de la condena al impacto patrimonial efectivo, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.
Un patrimonio concentrado en Santa Cruz
El primer listado bajo ejecución incluye alrededor de veinte inmuebles, en su mayoría ubicados en Santa Cruz, especialmente en El Calafate y Río Gallegos, las dos ciudades que funcionaron como epicentro del crecimiento patrimonial de la familia Kirchner entre los años 2000 y 2010.
Se trata de propiedades adquiridas durante el ascenso político de Néstor Kirchner y, en muchos casos, transferidas años después a sus hijos, maniobras que la Justicia consideró irrelevantes para modificar el origen de los fondos.
En El Calafate, uno de los activos más relevantes es un terreno de más de 6.000 metros cuadrados sobre la avenida 17 de Octubre, adquirido en 2007, al que se suman otros lotes de gran extensión comprados ese mismo año, de hasta 87.046 metros cuadrados. Estas operaciones se produjeron en un contexto de fuerte expansión inmobiliaria y turística de la ciudad, que derivó en una revalorización sustancial del suelo.
El núcleo hotelero: Los Sauces y Las Dunas
Entre los bienes más emblemáticos incluidos en el decomiso figura el hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los símbolos del entramado patrimonial investigado. El complejo está asentado sobre tres terrenos, uno de ellos propiedad de la firma Los Sauces SA y otros dos en condominio entre Máximo y Florencia Kirchner.
Parte de la expansión del predio se concretó mediante una permuta con Lázaro Báez, otro de los principales condenados en la causa. La expresidenta le cedió un lote en la zona de Punta Soberana, en El Calafate, a cambio de tierras para ampliar el complejo hotelero. Ese terreno, valuado en unos 17,4 millones de pesos, quedó sin edificar, pero también fue alcanzado por la ejecución judicial.
La lista se completa con otros terrenos adquiridos en 2007 y 2008, incluido uno de 16.189 metros cuadrados donde luego se construyó el hotel Las Dunas, lo que refuerza la tesis judicial sobre la integración entre negocios inmobiliarios y flujos de fondos provenientes de la obra pública.
Río Gallegos y el vínculo con Báez
En la capital santacruceña, el decomiso alcanza a un conjunto de departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de la familia Kirchner. Entre ellos sobresale el complejo de Mitre 535, compuesto por once unidades, adquirido en 2007 por Néstor Kirchner a través de un fideicomiso. A esto se suman otras diez unidades en la misma zona, además de propiedades en 25 de Mayo 255 y en avenida Presidente Néstor Kirchner 490.
Para la Justicia, este entramado confirma la relación económica estructural entre los Kirchner y Báez, eje central de la causa, y justifica que los bienes vinculados a esa operatoria sean ejecutados para cubrir el daño patrimonial.
Cesiones a los hijos y rechazo judicial
Uno de los puntos claves del fallo es la decisión de incluir en el decomiso bienes transferidos en 2016 a Máximo y Florencia Kirchner, entre ellos 19 propiedades en Santa Cruz, participaciones societarias y activos financieros. El tribunal sostuvo que esas cesiones no alteran el origen ilícito de los fondos ni pueden ser utilizadas para eludir la sanción económica.
Este criterio sienta un precedente relevante: las transferencias intrafamiliares posteriores a los hechos investigados no impiden la acción del Estado para recuperar los bienes.
Un decomiso de alcance histórico
Además del patrimonio de la expresidenta y su familia, el fallo prevé la posibilidad de avanzar sobre bienes de empresas vinculadas a Lázaro Báez —como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto— y de otros condenados, en caso de que los activos principales no alcancen para cubrir la suma fijada.
Todos los bienes quedarán bajo la administración de la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir su destino: desde subastas hasta asignaciones con fines de reparación social, especialmente en Santa Cruz, provincia donde se concentraron los efectos del esquema investigado.
Un mensaje político y judicial
Por su magnitud —tanto en montos como en superficies y tipo de activos—, el proceso constituye uno de los decomisos más importantes en la historia judicial argentina. Más allá del impacto económico, la medida tiene un fuerte contenido institucional y político: busca demostrar que las condenas por corrupción no se agotan en la pena formal, sino que pueden traducirse en consecuencias patrimoniales tangibles.
En un contexto de creciente demanda social por transparencia y rendición de cuentas, la ejecución del decomiso en la causa Vialidad representa un test decisivo para el sistema judicial. De su eficacia dependerá si la sentencia logra trascender el plano declarativo y convertirse en un verdadero mecanismo de reparación al Estado y a la sociedad.
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