Un grupo de referentes sociales y políticos, con Adolfo Pérez Esquivel a la cabeza, efectuaron, el martes 19 de diciembre este pedido en el Juzgado Criminal y Correccional N° 13, fundamentando que viola normas constitucionales y supranacionales, por lo que solicitaron que la RESOL-2023-943-APN-MSG, del
Ministerio de Seguridad (B.O. 14/12/23) —“PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ANTE EL CORTE DE VÍAS DE CIRCULACIÓN”, sea dejada sin efecto.
«Puntualmente, en relación a la protesta con cortes de ruta, la CIDH ha sido enfática en que “las protestas son indispensables para la consolidación democrática y, por lo tanto, constituyen un uso tan legítimo del espacio público como cualquier otro. De esa manera, no pueden suprimirse como forma de garantizar otros usos más rutinarios de estos espacios, como la actividad comercial o la circulación de personas y vehículos. En ese sentido, la CIDH ha destacado que las calles y plazas son lugares privilegiados para la expresión pública (…) como regla general el derecho de
manifestarse y protestar incluye el derecho de elegir el tiempo, lugar y modo de hacerlo”, argumentaron.
Sin embargo, la Justicia desestimó el pedido y otorgó luz verde para la aplicación del «Protocolo anti-piquetes» elaborado por la ministra Patricia Bullrich, instrumento legal que es cuestionado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.
Ahora resta esperar como se desarrollará la jornada de movilización en el marco de un aniversario mas de los trágicos sucesos de diciembre de 2001.
