El país asiático es líder mundial en la polémica tecnología, con más de 400 millones de cámaras. Se usa para vigilar a los ciudadanos en la cornisa de la seguridad pública.
A pasos agigantados, las nuevas tecnologías invaden el espacio del derecho de las personas y el reconocimiento facial es una de ellas.
La creciente inseguridad es un caballo de Troya para introducir la controvertida herramienta en la vida cotidiana, situando los ojos del Estado en lo que hacen los individuos, dónde están y hasta qué piensan.
En China ya se dio una vuelta más de tuerca y las empresas pueden controlar a su personal en lo que va desde que entran al lugar de trabajo hasta que efectivamente se pone a desempeñar sus tareas.
Se monitorea la productividad en tiempo real, emulando a los altillos vidriados que ocupaban los capataces en las fábricas de la Revolución Industrial para vigilar lo que sucedía en la línea de producción.
En el gigante asiático pugnan en las empresas por imponer la tecnología de reconocimiento facial en diferentes sectores de negocios, como ser: proceso de incorporación de nuevos clientes; servicios financieros; control de acceso; prevención del fraude; bancos; facilidades de transporte, industriales y médicas.
Y ahora en productividad.
Se la tiene como una tecnología indispensable para las empresas que innovan y siguen desarrollando nuevos usos tanto para la industria en general, en filtros en historias, en mejorar la cámara y hasta utilizarla con fines médicos y/o de salud.
Sin embargo, el tema se viene discutiendo en el propio Bureau del PC, donde se cuidan algunas formas para no entrar en el terreno de violaciones a los derechos de las personas, con el poder como límite.
Sin embargo, la identificación facial se ha ido extendiendo. Desde la policía hasta muchos entornos comerciales como hoteles, centros comerciales e incluso baños públicos.
Río de la Plata
La corriente de penetración del reconocimiento facial llegó a las dos orillas del Río de la Plata, ya que tanto en Buenos Aires como en el lado uruguayo, se está autorizando la vigilancia masiva con fines de seguridad pública.
En la Argentina, las tecnologías de reconocimiento facial están siendo desplegadas por todos los niveles de gobierno y a lo largo y ancho del territorio; incluyendo Jujuy, Salta, Córdoba, Mendoza, San Juan, Ciudad de Buenos Aires y Tigre, en la provincia de Buenos Aires.
Si bien estos sistemas se han desplegado ostensiblemente en aras de la seguridad pública, también facilitaron una expansión masiva de los poderes de vigilancia del gobierno.
Entre ellos, la capacidad de identificar instantánea y automáticamente a las personas en cualquier espacio público donde se despliegan, desde aeropuertos, hasta plazas y estaciones de transporte público a fin de localizar fugitivos o sospechosos de delitos, entre otras prestaciones.
Se aduce para promoverlas que los escáneres de huellas dactilares ya no pueden proporcionar la seguridad necesaria para las instalaciones gubernamentales y privadas.
En diciembre, inclusive, a poco de asumir el gobierno de Javier Milei, la ministra Patricia Bullrich generó una reacción opositora cuando mandó a las fuerzas de seguridad a verificar quiénes se movilizaban en la vía pública para cumplir con la amenaza de descontarles la jornada laboral.
En octubre de 2021 se había abierto una investigación por una supuesta filtración masiva de datos personales de la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), tras la publicación de fotos de DNI y datos personales de ciudadanos argentinos.
En una reciente investigación conjunta dirigida por AccessNow, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) informó de que en la Argentina “descubrir el alcance de los mecanismos y sistemas de vigilancia utilizados por los distintos niveles de gobierno no es una tarea fácil, ya que la información no está fácilmente disponible a través de los canales públicos, a menos que los medios de comunicación informen sobre ello o se lleve a cabo una investigación independiente”.
La conclusión es que el marco legal de la Argentina es insuficiente para proteger los derechos de privacidad de los ciudadanos frente a la creciente vigilancia gubernamental.
En Brasil, se aplica el reconocimiento facial, con repercusiones tanto positivas como negativas, y están principalmente asociadas con preocupaciones de privacidad.
La tecnología ya está implementada en espacios públicos. Y en eventos importantes como el Carnaval, se hacen escaneos automáticos con cámaras callejeras para identificar delincuentes buscados.
En el resto del mundo
Una encuesta reciente realizada por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EEUU reveló que las agencias federales ya utilizan la tecnología o informan planes para incorporarla con fines de seguridad nacional y nacional, acceso digital y control de fronteras.
Lo mismo ocurre con los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional, que anunciaron planes para utilizar el reconocimiento facial en la vigilancia de las aerolíneas salientes a fin de identificar al 97% de los pasajeros.
En Europa, los datos de biometría están protegidos por GDPR como una categoría especial de datos personales, y su procesamiento requiere una obligación legal o consentimiento explícito.
Las infracciones pueden resultar en una multa, como con una escuela sueca que trató de rastrear la asistencia de los estudiantes capturando sus rostros al ingresar a un salón de clases.
Hasta ahora, el único miembro de la UE que prohibió el reconocimiento facial a nivel gubernamental es Bélgica.
Las encuestas revelan que el 80% de los europeos están en contra de la idea del reconocimiento facial utilizado para hacer cumplir la ley.
Aún así, las bases de datos de la UE están almacenando una cantidad cada vez mayor de datos biométricos.
En Alemania, el reconocimiento facial se utiliza retrospectivamente para identificar testigos desconocidos cerca de la escena del crimen.
En Finlandia y la República Checa, se instalaron recientemente puertas automáticas con identificación facial en los aeropuertos para reducir los puntos de contacto.
La identificación facial aún no es común en África, lo que provoca una competencia geopolítica para introducir la tecnología.
China tomó un interés particular, y construyó rápidamente una infraestructura para soportar equipo de reconocimiento facial.
En Kenia, por ejemplo, Huawei ayudó a instalar sistemas de vídeo para redes de vigilancia en Nairobi.
Interpol
La puesta en común de informaciones de reconocimiento facial por parte de Interpol dio lugar en los cuatro años que lleva en funcionamiento el servicio a 1.200 identificaciones, indicó a La Vanguardia el director de análisis operativos, Cyril Gout.
Interpol también está promoviendo entre sus 195 países miembros una mayor cooperación para alimentar y sacar partido de sus dos bases de datos de ADN, un proyecto en el que por ahora sólo están implicados 87 de ellos.
El principal motivo de esa baja participación es la falta de capacidades técnicas o jurídicas de muchos países, señaló el director de las bases de datos de ADN de Interpol, François-Xavier Laurent.
En total, las dos bases de datos disponibles, una de fugitivos y otra de personas pendientes de identificación, contienen 280.000 perfiles.
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