La jueza federal Zunilda Niremperger y el fiscal Patricio Sabadini, recurrieron a los sabuesos de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco, a fin de garantizar el procedimiento que se llevó a cabo el jueves en la Delegación de la Policía Federal Argentina en Sáenz Peña
NORTE pudo confirmar que «la banda de de los federales» están sindicados de cometer sistemáticamente varios delitos. El jefe y cinco efectivos más están presos.
Pasan las horas y la segunda ciudad del Chaco no sale de su asombro, ante el imponente procedimiento en la sede la PFA, donde efectivos de la división Delitos Económicos dependiente de la dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, llevaron adelante las tareas de requisa en ocho inmuebles. O sea en los domicilios de los acusados y en el edificio de la fuerza, cuyo máximo jefe Fernando Rubén Vega está entre los detenidos.
La jueza Niremperger dio celeridad al requerimiento de Sabadini debido a la gravedad de los hechos que se investigan: si bien el punto de partida se debe a la denuncia de un hombre con domicilio en Resistencia, al que bajo amenaza de arma lo obligaron a pagar una coima de 400 mil pesos, y fue privado de su libertad hasta llegar al barrio Las Palmeras donde reside la víctima. Para Sabadini, los incriminados estarían vinculados también a actividades relacionadas al narcotráfico.
Seis detenidos y uno en libertad
El jueves los procedimientos se extendieron hasta las 21 aproximadamente: dejaron las detenciones y secuestro de las armas, municiones y otros elementos de pruebas: los arrestados son el subcomisario Fernando Rubén Vega; subinspector Federico Emanuel Vieyra; inspector Héctor Adolfo Gay; sargento Jorge Carlos Osika; agente Clelia Noemí González Nuñez y el cabo José Pérez. Mientras quedó bajo investigación y en libertad el cabo David Rolando Villalba.
El hecho que origina la causa
El 3 de septiembre, un hombre ingresa con su vehículo al barrio Las Palmeras, en Resistencia. Atrás, se ve en un video que consta en la causa cómo el móvil policial de la PFA, número 8015 de la delegación de Sáenz Peña, conducido por el sargento Jorge Osicka y acompañado por el cabo Rolando Villalba.
El damnificado denunció que el 2 de septiembre cuando circulaba por la ruta 16 con destino a la capital chaqueña, junto a su mujer e hijo, a la altura de Quitilipi y Machagai, se aproximó un auto Volkswagen Gol, donde una persona baja el vidrio y le grita: «Alto, policía federal» y mediante señas lo hacen estacionar.
El hombre comenzó a ser interrogado de lo que llevaba en el baúl, y les contó que era ropa sin sello aduanero. En los minutos siguientes, de acuerdo a su denuncia, arribó una camioneta de la PFA, donde descendieron dos hombres y una mujer.
La extorsión
Los tres federales que bajaron del vehículo oficial, le dijeron al hombre que iban a secuestrar la meradería, y el auto, en caso que no le diera dinero que en ese momento el denunciante no tenía.
Por lo cual, le ofrece un equipo de música que tenía en el rodado. Pero al no estar conformes, los policías resolvieron subir al damnificado en el auto particular de los investigados , para emprender viaje a Resistencia.
El trayecto fue cubierto con el movil policial que los siguió todo el camino. Hicieron una parada para cargar combustible en el Gol, donde estaba la mercadería y el celular del denunciante ya retenido en poder del policía que conducía.
La coima
El hombre que fue privado de la libertad bajo amenaza de parte del policía que apuntaba con su arma, debió contactar a su suegro, y se dirigieron hasta el barrio 10 de Mayo, donde allí el familiar entregó la suma de 400 mil pesos y también mercadería sin sello aduanero.
Una vez cumplido ese periplo, le pidieron dirigirse a la casa del hombre , en el barrio Las Palmas, donde entraron y robaron un televisor Samart de 49 pulgadas, cuando estaban cargando el aparato en el auto, la víctima ingresó y cerró las puertas con llave, partiendo del lugar los vehículos con sus captores.
Por el momento, «la banda de los federales» está acusada de «incumplimiento de los deberes de funcionarios público, robo agravado por la calidad de funcionario público, privación ilégitima de la libertad y violación de domicilio».
FUENTE: diarionorte
